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A finales de 1990, Tarso, un municipio cafetero del suroeste de
Antioquia con 6.947 habitantes, evidenciaba una crisis
económica, política y social de grandes proporciones por la
inadecuada gestión de los gobernantes locales y la escasa
participación de los ciudadanos en el manejo de los asuntos
públicos. Paralelamente, dos situaciones de origen externo
amenazaban la dinámica del desarrollo local: la crisis de la caficultura, principal actividad económica, y la
presencia de
actores armados en el municipio.
El déficit fiscal del municipio amenazaba con hacerlo inviable.
El gobierno local había perdido su legitimidad y los
pobladores desconfiaban de las instituciones del Estado. No se
pagaban impuestos. Inversionistas y población en general se
fueron a otras localidades. Se agudizó el desempleo, la
violencia intrafamiliar y la desnutrición infantil. Y no
había ni políticas públicas ni programas para brindar soluciones
integrales a estas problemáticas sociales.
La crisis, sin embargo, fue asumida como una oportunidad
para iniciar un proceso de transformación de las relaciones
sociales y de poder. Los tarseños se dieron primero a la tarea
de organizarse como sociedad civil en Asamblea Municipal
Constituyente, AMC, para luego constituir una alianza con la
administración municipal.
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