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Una
alianza entre amplios sectores de la sociedad civil con
gobiernos locales y sectores privados genera respeto entre los
actores del conflicto y reduce la vulnerabilidad de los más
débiles.
Las alianzas mejoran la convivencia por su legitimidad,
por la capacidad de movilizar públicamente a amplios sectores
sociales en contra de las acciones armadas y por la posibilidad
de desarrollar estrategias para la defensa de las vidas de sus
miembros, la seguridad de sus familias y la de sus fuentes de
trabajo.
Pero también por la capacidad de generar alternativas de
solución a los problemas que origina la violencia o vienen con
ella, así como de desarrollar estrategias de avance en la
resolución de conflictos, favorecer el acceso a la justicia y
colaborar con las autoridades en la protección del territorio.
Las alianzas no pueden resolver totalmente el conflicto armado o
las situaciones de violencia que puedan afectar a una localidad
o una región, pues hay un complejo conjunto de factores
asociados a ellas, pero sí pueden crear o fortalecer un
tejido social y unas formas de participación y colaboración
entre la población que la haga mucho menos vulnerable a sus
efectos.
 Porque juntos vencen el miedo, reducen la fragilidad de
las posiciones individuales y elevan la legitimidad, factores
que les permiten emplazar a los actores armados para conjurar la
agresión, imponer procedimientos civiles para la solución de los
conflictos y resistir el impacto de la violencia cuando se
manifiesta.
Asambleas Ciudadanas como las creadas en Tarso, Sonsón,
Pitalito, Catatumbo o Micoahumado, por ejemplo, han desplegado
toda su fortaleza colectiva para defenderse de la agresión
armada y trabajar conjuntamente para construir convivencia.
En estas alianzas se busca la disminución de tensiones para la
vida en común y la reducción de brechas políticas, grupales,
étnicas o territoriales, así como el fin de la polarización y la
fragmentación social.
El instrumento principal para hacerlo es la palabra, el diálogo,
el trabajo conjunto alrededor de un objetivo común, en donde lo
más importante es que la paz se entienda como un punto de
llegada dentro de un proceso de pequeños cambios sucesivos,
una resultante del desarrollo y la democracia. |
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A finales de 1990, Tarso, un municipio cafetero del suroeste de
Antioquia con 6.947 habitantes, evidenciaba una crisis
económica, política y social de grandes proporciones por la
inadecuada gestión de los gobernantes locales y la escasa
participación de los ciudadanos en el manejo de los asuntos
públicos. Paralelamente, dos situaciones de origen externo
amenazaban la dinámica del desarrollo local: la crisis de la caficultura, principal actividad económica, y la
presencia de
actores armados en el municipio.
El déficit fiscal del municipio amenazaba con hacerlo inviable.
El gobierno local había perdido su legitimidad y los
pobladores desconfiaban de las instituciones del Estado. No se
pagaban impuestos. Inversionistas y población en general se
fueron a otras localidades. Se agudizó el desempleo, la
violencia intrafamiliar y la desnutrición infantil. Y no
había ni políticas públicas ni programas para brindar soluciones
integrales a estas problemáticas sociales.
La crisis, sin embargo, fue asumida como una oportunidad
para iniciar un proceso de transformación de las relaciones
sociales y de poder. Los tarseños se dieron primero a la tarea
de organizarse como sociedad civil en Asamblea Municipal
Constituyente, AMC, para luego constituir una alianza con la
administración municipal.
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