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Los
municipios de San Pedro, en Sucre, y Córdoba, en Bolívar,
comparten muchas cosas: una zona de explotación de gas natural,
una cultura de trabajo campesino y jornalero y una difícil
situación de pobreza. La zona, un emporio de producción de
algodón y tabaco en la década de 1970 y principios de la de
1980, vivió por esos mismos días una difícil historia de luchas
por la propiedad de la tierra y fue objeto de la reforma
agraria. Todo ello desembocó en una aguda crisis económica y
ambiental.
La zona ha sido afectada además por la presencia de actores
armados y la violencia que ellos llevaron, agudizada por la
aparición de las autodefensas a mediados de 1990.
Esa relación interdependiente y depredadora de pobreza y
violencia, reforzada por la carencia de infraestructura
productiva y de inversión social, el deterioro de los
recursos naturales, la exclusión de la población de los espacios
de decisión, la inequitativa distribución de la inversión
pública, la corrupción y el clientelismo, determinó que 70,8% de
los hogares rurales de la zona presentaran necesidades básicas
insatisfechas y que la población civil se encontrara entre el
fuego cruzado de los distintos actores armados, víctima del
secuestro, de muertes violentas y del desplazamiento forzado.
 Fueron estos problemas los que motivaron a 16 juntas de acción
comunal de ambos municipios a organizarse para mejorar sus
condiciones de vida. Se propuso el esquema de trabajo en
alianza, que comenzó a configurarse en diciembre de 1999 con
la participación de Petrobras, la empresa privada que explotaba
el gas; la Fundación Hijos de la Sierra Flor (FHSF) con sede en
Sincelejo y la Asociación Empresarial Comunal, Asemco, fundada
por las 16 juntas de acción comunal de otras tantas veredas de
los dos municipios. Posteriormente se integraron las alcaldías
de San Pedro y Córdoba, la Fundación Restrepo Barco (FRB) y la
corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario, ambas con
sede en Bogotá que facilitaron recursos y asesoría.
La alianza identificó como su problema central esa interrelación
entre pobreza y violencia y sus consecuencias, y para
enfrentarlo se enfocó en la implementación del plan de
desarrollo económico, social, ambiental e institucional de
las 16 localidades rurales de la zona de explotación de gas
natural. Se buscaba incidir en el campo productivo y ambiental
promoviendo relaciones más armónicas entre sociedad y
naturaleza, prácticas productivas adecuadas y de menor impacto
negativo en lo ambiental y visión empresarial en el
establecimiento y manejo de proyectos económicos y productivos.
En el campo de la participación comunitaria y del desarrollo
rural se estimularon las relaciones entre Estado y sociedad
civil, con base en la concertación como posibilidad de
asumir la corresponsabilidad en la construcción de lo público.
En el campo del arte y de la educación se propuso el desarrollo
de la cultura y de la calidad de la educación como bases de la
convivencia social y del desarrollo rural sostenible. También se
buscó el fortalecimiento organizacional e institucional en el
ámbito rural.
En tres años de trabajo de la alianza (2000 a 2002) se habían
invertido un total de $1.149 millones. Asemco, la asociación
de las juntas de acción comunal, desarrolló su propia
infraestructura administrativa, con una granja experimental y
proyectos productivos y de servicio social.
Hoy en día hay más de 8.000 árboles sembrados en las veredas y
se produce y usa compost y forrajes; se sembraron cerca de
100.000 alevinos en los estanques de las comunidades y con
ello se inició el consumo de pescado. La dieta familiar se
diversificó y el ingreso se ha incrementado en $120.000 al mes
por familia en promedio en 2002.
Se logró la electrificación total de ocho veredas y parcial
de tres, se cuenta ya con servicio de moto-taxi en las 16
veredas y se estableció un transporte especial para los
estudiantes. Están capacitados y prestando servicio 32
promotores de salud en las 16 veredas y se construyeron
cinco pozos profundos para agua de consumo humano.
De esta manera la alianza establecida en los municipios de San
Pedro y Córdoba ha contribuido al esfuerzo por reducir la
pobreza a partir de una acción conjunta de los actores
comunitarios, públicos y privados de la zona. |
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El trabajo en alianza ha tenido un importante impacto en la
generación de oportunidades sociales al mejorar el acceso de la
población a vivienda, educación, salud, servicios públicos o
nutrición, al generar empleo e ingresos y mejorar los niveles de
productividad.
Las alianzas multiplican los recursos físicos y financieros
gracias a la suma de las contribuciones de los diversos actores,
e incrementan sus posibilidades de uso, particularmente de los
recursos del Estado.
Además, incrementan la productividad gracias a la mejor
utilización de las ventajas comparativas de sus socios, y a la
concertación, que promueve una mejor definición de prioridades y
asignación de recursos.
Las alianzas proveen un terreno abonado para el cultivo de la
innovación y la creatividad, generan ganancia para cada uno de
los socios por el aprendizaje sobre las perspectivas y métodos
de los demás y promueven un cambio de actitudes que se orienta a
la construcción compartida y al reconocimiento del valor de los
aportes de los otros. |
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