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A finales de 1990, Tarso, un municipio cafetero del suroeste de
Antioquia con 6.947 habitantes, evidenciaba una crisis
económica, política y social de grandes proporciones por la
inadecuada gestión de los gobernantes locales y la escasa
participación de los ciudadanos en el manejo de los asuntos
públicos. Paralelamente, dos situaciones de origen externo
amenazaban la dinámica del desarrollo local: la crisis de la caficultura, principal actividad económica, y la
presencia de
actores armados en el municipio.
El déficit fiscal del municipio amenazaba con hacerlo inviable.
El gobierno local había perdido su legitimidad y los
pobladores desconfiaban de las instituciones del Estado. No se
pagaban impuestos. Inversionistas y población en general se
fueron a otras localidades. Se agudizó el desempleo, la
violencia intrafamiliar y la desnutrición infantil. Y no
había ni políticas públicas ni programas para brindar soluciones
integrales a estas problemáticas sociales.
La crisis, sin embargo, fue asumida como una oportunidad
para iniciar un proceso de transformación de las relaciones
sociales y de poder. Los tarseños se dieron primero a la tarea
de organizarse como sociedad civil en Asamblea Municipal
Constituyente, AMC, para luego constituir una alianza con la
administración municipal.
 La estructura organizativa de la AMC es la siguiente: i) La
asamblea general, conformada por todos los habitantes del
municipio como constituyentes primarios, ii) la asamblea de
voceros, conformada por 150 voceros de todos los sectores, iii)
la junta directiva de la asamblea, iv) el director ejecutivo de
la AMC, responsable de la coordinación de las acciones de
gestión y operativas de la asamblea, v) los comités de apoyo y
vi) la Corporación de Estudios y Proyectos de la AMC de Tarso,
CEPACT, creada para asumir el estudio, formulación, gestión,
ejecución y contratación de proyectos específicos de interés de
la Asamblea Constituyente.
La alianza entre la AMC y la administración municipal de Tarso
logró incrementar los niveles de organización y participación de
la sociedad civil en los asuntos públicos, la capacidad de
gestión pública de la administración y la generación de
conciencia para asumir el municipio y sus instituciones como una
empresa de todos. Gracias a ello se comenzaron a apreciar los
resultados:
La Asamblea se constituyó en máximo órgano democrático, el plan
de desarrollo municipal se comenzó a formular en forma
participativa y se han activado varias organizaciones de
participación comunitaria y veeduría.
En materia de gestión administrativa, y como resultado de una
gestión pública compartida y responsable, se redujo la deuda
corriente del municipio de $1.000 millones a $250. En esta nueva
condición de viabilidad se destaca la reducción de la burocracia
administrativa a un empleado/trabajador por cada 302 habitantes;
la reducción del gasto en personal de $360 millones al año;
reducción de gastos de funcionamiento anuales en un 25%;
incremento en los ingresos de libre destinación en un 89% entre
2000 y 200 e incremento en los ingresos totales de un 76% en el
mismo periodo , lo que ha permitido aumentar la inversión social
para los dos años .
Se han generado 30.000 jornales a partir de obras públicas
(empleo de choque), se constituyó el Fondo Municipal para el
Empleo y la Paz y se ha conseguido la financiación de ocho
proyectos productivos con los que se espera generar 41.757
jornales.
Se logró afiliar a la totalidad de la población al Régimen de
Seguridad Social en Salud y se atienden algo más de 1.400 niños
en edad escolar con programas nutricionales por medio de los
restaurantes escolares. El promedio de hurtos por año se redujo
de 31 a 25; el de lesiones personales por año de 24 a 20; el de
casos de violencia intrafamiliar de 16 a 6 por año; los casos de
abuso sexual de seis a tres, y los homicidios, de un promedio de
8,6 en cinco años, a cuatro en 2000.
De esta manera, la Asamblea Municipal Constituyente, junto con
la alianza que ella promovió, logró incrementar la participación
de la comunidad en la gestión local y con ella la legitimidad y
la gobernabilidad en el municipio, abriendo paso a la eficacia y
eficiencia de la gestión oficial y haciendo viable el desarrollo
municipal. |
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1 Se pasa de recaudar 488 millones en 2000 a 846
millones en 2002.
2 Se pasa de unos ingresos de 2.584 millones en 2000 a 4.546
millones en 2002.
3 Informe de gestión 2001-2002 presentado por el alcalde Oscar
de J. Hurtado al Honorable Concejo Municipal. Enero de 2003. |
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Una
alianza entre amplios sectores de la sociedad civil con
gobiernos locales y sectores privados genera respeto entre los
actores del conflicto y reduce la vulnerabilidad de los más
débiles.
Las alianzas mejoran la convivencia por su legitimidad,
por la capacidad de movilizar públicamente a amplios sectores
sociales en contra de las acciones armadas y por la posibilidad
de desarrollar estrategias para la defensa de las vidas de sus
miembros, la seguridad de sus familias y la de sus fuentes de
trabajo.
Pero también por la capacidad de generar alternativas de
solución a los problemas que origina la violencia o vienen con
ella, así como de desarrollar estrategias de avance en la
resolución de conflictos, favorecer el acceso a la justicia y
colaborar con las autoridades en la protección del territorio.
Las alianzas no pueden resolver totalmente el conflicto armado o
las situaciones de violencia que puedan afectar a una localidad
o una región, pues hay un complejo conjunto de factores
asociados a ellas, pero sí pueden crear o fortalecer un
tejido social y unas formas de participación y colaboración
entre la población que la haga mucho menos vulnerable a sus
efectos.
Porque juntos vencen el miedo, reducen la fragilidad de
las posiciones individuales y elevan la legitimidad, factores
que les permiten emplazar a los actores armados para conjurar la
agresión, imponer procedimientos civiles para la solución de los
conflictos y resistir el impacto de la violencia cuando se
manifiesta.
Asambleas Ciudadanas como las creadas en Tarso, Sonsón,
Pitalito, Catatumbo o Micoahumado, por ejemplo, han desplegado
toda su fortaleza colectiva para defenderse de la agresión
armada y trabajar conjuntamente para construir convivencia.
En estas alianzas se busca la disminución de tensiones para la
vida en común y la reducción de brechas políticas, grupales,
étnicas o territoriales, así como el fin de la polarización y la
fragmentación social.
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