Ambos
proyectos, organizaron el pasado 2 de febrero una mesa de
trabajo para evaluar el impacto de los decretos expedidos por el
Ministerio de la Protección Social, en el marco de la emergencia
social decretada por el Gobierno.
En el evento participaron representantes del Ministerio de la
Protección Social, de universidades de Bogotá, Cali y Medellín,
miembros de sociedades científicas y profesionales de la salud.
El ministro y el viceministro de la cartera no asistieron aunque
fueron invitados.
El Secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, hizo un
primer análisis de las razones por las cuales se decretó la
emergencia social. Entre otras cosas, Zambrano calificó de
irracional la propuesta de que los usuarios tengan que financiar
su atención con las cesantías y pensiones, al mismo tiempo que
señaló que la atención de eventos especializados por parte de
médicos generales no es apropiada para la realidad de Bogotá.
Mario Gómez, Director Social de la Fundación Restrepo Barco,
indicó en su intervención que existen graves inconsistencias en
estas normas y que de acuerdo con las declaraciones de
magistrados de la Corte Constitucional, estos decretos, con
fuerza de ley, no pueden modificarse vía decretos
reglamentarios, como lo había indicado el representante del
Ministerio que intervino en el evento.
Por su parte, Álvaro Cardona, decano de la Facultad de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia, además de reiterar que
los decretos tiene serias inconsistencias, indicó que en el Foro
Anual de Salud, realizado el pasado diciembre por Así Vamos en
Salud, se le solicitó explícitamente al Ministro de la
Protección Social, allí presente, que convocara a una reunión de
discusión con participación de todos los sectores y la Academia,
espacio que evidentemente no se generó.
Catalina Latorre, Directora de Salud Pública de la Universidad
del Rosario, indicó en su intervención que como ciudadana y como
socia de Así Vamos en Salud, se sentía preocupada con los
contenidos de los decretos. Dijo que aunque en el Foro Anual de
Salud realizado en diciembre, el Ministro afirmó que los
decretos estaban enfocados a revisar el financiamiento del
sistema, estos acabaron afectando estructuralmente muchos
aspectos.
Los participantes en la mesa de trabajo, en la que intervinieron
además Luis Fernando Correa, coordinador de emergencias y
desastres del Ministerio de la Protección Social; Carlos
Francisco Fernández, asesor en salud de la Casa Editorial El
Tiempo; Félix León Martínez, Presidente de Fedesalud, Soraya
Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha
y Emilia Ruiz, directora ejecutiva de la Fundación Corona, entre
otros, llegaron a las siguientes conclusiones:
- Es necesario que el Gobierno Nacional escuche la voz de
la Sociedad Civil, las instituciones académicas y las
sociedades científicas para que las políticas públicas
planteadas sean transparentes y claras para todos.
- Se reconocen algunos elementos positivos en los decretos
como los impuestos a los cigarrillos, la cerveza y bebidas
alcohólicas, así como la necesidad de ordenar el sistema.
- Existen serias inconsistencias en los decretos y en
particular es preocupante la indefinición del POS, que puede
hacer que los prestadores decidan no actuar, afectando a los
usuarios.
- Hay preocupación generalizada respecto de la finitud del
fondo FONPRES, porque no es claro qué pasará cuando se
acabe.
- Existe un rechazo unánime al uso de las cesantías y
pensiones para el pago de los servicios de salud y hubo una
clara extralimitación de los decretos en términos de alcance
y modificaciones estructurales, es decir que los decretos
han generado una emergencia.
- Es necesario revisar los temas relacionados con
promoción y prevención.
- También surgieron preguntas como ¿Cómo se van a corregir
las inconsistencias a los Decretos? ¿Cuál es la vía?
Con información de
www.asivamosensalud.orgg |